Faltan programas para personas con discapacidad profunda

 Faltan programas para personas con discapacidad profunda

El gobierno debe elaborar programas y estrategias que hagan la vida de las personas, con discapacidad severa o profunda, más fácil, es decir que quienes tengan una enfermedad incurable cuenten con todas las posibilidades de vivir dignamente y no tengan la necesidad de solicitar la eutanasia.

Así lo sostuvo el candidato al Congreso por Alianza para el Progreso (APP), Wilfredo Guzmán, quien invocó que -a través de los tres poderes del Estado- se debe “pensar en el futuro de las personas con discapacidad severa, que no tienen oportunidad para desarrollar plenamente sus actividades”.

Dijo que a partir de la sentencia que aprueba la eutanasia o muerte asistida de Ana Estrada, corresponde a los poderes del Estado hacer las modificaciones legales y promover las herramientas que generen una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad severa.

En el Perú hay alrededor de medio millón de peruanos con discapacidades severas y/o profundas, como es el caso de enfermedades mentales, esquizofrenia, impedimentos físicos permanentes o muchos con una vida casi vegetal.

A modo de ejemplo, Guzmán mencionó que la tendencia mundial es que los países tienen en promedio un uno por ciento de esquizofrénicos, lo cual significa que solo en el Perú hay más de 330 mil casos.

Código Ético

Al analizar el caso de Ana Estrada, comentó que a partir de la sentencia no cualquiera podrá pedir al Ministerio de Salud (Minsa) o Essalud que se le practique la muerte con ayuda o asistida.

“Si bien es un hito en la jurisprudencia peruana (la sentencia del caso Estrada), no es que a cualquiera que se le ocurra podrá pedirlo extrajudicialmente, tendrá que seguir de todas maneras el proceso para ser admitido”, reiteró.

Ana Estrada, en el marco de su estado de derecho y libertad individual demandó ante al Juzgado Décimo Primero que se le permita una muerte asistida o eutanasia. Esta sala le concedió

Sin embargo, dejó ver que el juez no tomó en cuenta el Código Ético del Colegio Médico del Perú que en su artículo 72 establece que ellos no pueden causar la muerte de una persona, ya que al asumir profesan un juramento de protección a la vida humana. “Este artículo también debió quedar sin efecto, pero no ha sido así”, enfatizó.

 

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